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Olvidar los dolorosos acontecimientos del 27 de Febrero de 1989 (27F), es imposible. Hace 21 años, "cuando bajaron los cerros", comenzó un brusco proceso de deslegitimación de la institucionalidad democrática en Venezuela, que aun no para. El reclamo popular profundo se alzó por encima de un manto de injusticias y corrupción que nadie puede negar, como eran innegables los niveles de control partidocrático sobre todos los mecanismos de la sociedad de entonces. Las mayorías no participaban en las decisiones importantes de la nación, salvo en los dudosos procesos electorales regidos por aquella máxima bipartidista de "acta mata voto". Todo lo demás estaba controlado y usufructuado ventajistamente por los validos de poder político y económico.
Cuando bajaron los cerros, en Caracas y sus alrededores principalmente, las manifestaciones de rabia y rebeldía, inconformidad y reclamos de justicia, fueron mal interpretados por los poderes institucionales y fácticos de entonces, asumiendo la explosión social como simples hechos delictivos que debieron ser contenidos, primero, con la represión policial de orden público; y, luego, con un desmedido uso de la fuerza militar contra la población civil desarmada.
Todo aquello devino en un genocidio impune, que apenas comienza a ser subsanado judicialmente con acusaciones fiscales e investigaciones cargadas más de intencionalidad política, que de justicia edificante en materia de Derechos Humanos.
Tres años después, en 1992, ocurrieron el alzamiento militar del 4 de Febrero (4F); la negación torpe del proyecto de reforma constitucional, en agosto; y el segundo alzamiento castrense, el 27 de Noviembre (27N). Sobre el primero y el tercero de esos acontecimientos existen diversas interpretaciones históricas; pero sobre el segundo, existe amnesia total, especialmente por parte de quienes con su desmedido poder económico y mediático impidieron abrir a tiempo las compuertas para la renovación de un sistema político enervado por la corrupción y la politiquería.
Desde el 27F hasta el presente, no ha habido descanso, todo ha estado en movimiento, pero ninguno de los problemas esenciales de la nación han sido resueltos. Han sido dos décadas perdidas a manos de los sepultureros de la "IV República" y de los traidores de la "V República", quienes se han dedicado a la dilapidación y el robo miserables de los recursos públicos, al ritmo de las ocurrencias del más grande demogago latinoamericano de estos tiempos.
Utilizar el hueco histórico que dejó en nosotros el 27F, como simple muletilla para la venganza y la propaganda política, es un crimen inexcusable. Más, cuando se hace desde el gobierno en tiempo electoral, tratando de enmascarar el fracaso evidente de una gestión irresponsable e ineficaz, del cual se vienen despegando millones de venezolanos y venezolanas que ya no creen en los cuentos chinos del mandamás tropero.
El uso desmedido de la violencia durante aquellos acontecimientos de hace 21 años, es condenable, y debe ser procesado legal y constitucionalmente de acuerdo con los tratados internacionales, pero sin desviaciones odiosas  que hagan de la justicia un simple pase de factura con la miopía política y el cinismo que ha caracterizado al gobierno del presidente Hugo Chávez. Y más, cuando los motivos que tuvo el pueblo para desatar su furia irracional en 1989, siguen presentes en la era chavista: corrupción galopante, alto costo de la vida, devaluación del bolívar, delincuencia desatada, falta de viviendas, empleos subremunerados e inestables, a todo lo cual se suman una desvergonzada burocracia voraz y una clase política genuflexa.

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Semanario LA RAZÓN

www.larazon.net

Caracas, 28.02.2010

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