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Ccs. 22 Mar. (Prensa MUD).- En el marco del Examen Periódico Universal sobre Venezuela que realiza la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión de DDHH de la Mesa de Unidad Democrática, coordinada por la diputada Delsa Solórzano, conjuntamente con el Observatorio de la Justicia, presidido por Bony de Simonovis, presentaron un informe para la revisión del Caso de Venezuela ante esta instancia.

“En el Informe se concreta en la evaluación de los casos de prisión y persecución política que existen en Venezuela. Contiene un resumen explicativo de cómo se encuentra la situación de justicia, concretamente a la politización del sistema judicial venezolano”, recalco.

Comentó que en dicho informe está la lista actualizada de los presos políticos venezolanos así como un breve resumen de los perseguidos políticos.

Resaltó que El Caso Venezuela se conocerá en el mes de octubre en el seno de las Naciones Unidas, donde participarán diferentes organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos.

Solórzano destacó que en el informe señalan que “en nuestro país, la violación de los Derechos Humanos se ha convertido casi en algo tradicional. Esta violación tiene una de sus principales aristas en la falta de aplicación del debido proceso como principio fundamental del derecho adjetivo penal”.

“En Venezuela, el estado de Derecho ha sido conculcado por la violación del principio de separación de los Poderes. Esta situación se evidencia en acciones concretas emanadas del Poder Ejecutivo”.

La Coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos manifestó que desde el arribo de Hugo Chávez a la presidencia de la República, en Venezuela han sido constantes las violaciones al Estado de Derecho.

“La utilización del secuestrado Poder Judicial para la persecución de la disidencia política, ha sido la norma. Una serie de jueces y fiscales que no gozan de ninguna estabilidad en sus cargos, se han convertido en el arma predilecta del Poder Ejecutivo, para sancionar a aquellos que se atrevan a disentir del Gobierno. En este sentido, por motivos netamente políticos, han sido encarcelados y perseguidos dirigentes estudiantiles, sindicales, periodistas, líderes de partidos políticos y ciudadanos comunes que de alguna manera se han opuesto al accionar totalitario del gobierno de Chávez”.

Solórzano denunció que los operadores del sistema de justicia que se nieguen a detener o perseguir a los disidentes políticos, inmediatamente son separados de sus cargos, sin ningún tipo de proceso, o hasta son encarcelados, tal como ocurrió en el caso de la jueza María Lourdes Afiuni.

Para finalizar, acotó que acuden ante este Comité de Derechos Humanos de la ONU, en vista de que en “nuestro país es imposible que obtengan justicia los disidentes sobres los cuales pesan estos injustos e ilegales procesos judiciales”.

“La propia presidente del Tribunal Supremo de Justicia ha manifestado públicamente no creer en el principio democrático de la separación de poderes. Habiéndose agotado la vía interna, sólo queda como opción acudir a las instancias internacionales para poder hacer respetar los derechos humanos de los perseguidos y presos políticos venezolanos”, concluyó.

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